No me gusta, en principio, echar la culpa a las Administraciones de los perjuicios causados por los desastres naturales. Creo que, en muchas ocasiones, estas circunstancias imponderables son utilizadas por el carroñeo propio de las pugnas de los partidos. Y, además, hay suficientes problemas graves como para fijarnos en lo que sucede en una situación excepcional y sin llegar al absurdo italiano del “non piove, porco goberno” o, en este caso, “nieva, porco goberno”.
Sin embargo, unas declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, me han hecho pensar sobre los efectos de la tendencia privatizadora de los servicios públicos impuesta por la Unión Europea y apoyada por los dos partidos que estamos condenados a soportar en el Gobierno. Montilla, para justificar la actuación de su Gobierno ante los efectos del temporal de lluvia y nieve, “recordó” a los afectados que los responsables de los servicios que han fallado son “empresas privadas”. Creo que, sencillamente, es mentira.
Hubiese entendido un debate centrado en la responsabilidad en los casos de circunstancias imprevisibles, que creo que están previstos en la ley como causas suficientes para rechazar reclamaciones de damnificados. Pero no. Montilla prefirió tirar contra las concesionarias en su particular visión sobre las responsabilidades.
En los servicios públicos esenciales, que son “concedidos” por la Administración, lo que se encarga a la parte privada es la prestación del servicio, pero no la responsabilidad sobre los derechos afectados por esa prestación. Es decir, la Administración tiene que garantizarme un suministro eléctrico al que tengo derecho. Como usuario, o si lo prefieren, como consumidor, a mí no debe importarme lo que haga la Administración para garantizarme ese derecho. Es SU responsabilidad. Y, como ciudadano, lo que puedo hacer, y hago, es poner en duda la privatización de los servicios públicos que afectan a los derechos fundamentales. Porque, luego, vienen políticos como Montilla y se “afeitan para arriba”.
En la legislación española existe un principio “de exigencia directa de responsabilidad a las Administraciones públicas, que responden en todo caso de los daños causados por ellas mismas o por sus agentes”.
Otra reflexión a la que me llevaron esas declaraciones irresponsables fue la de cómo ha podido cambiar en los últimos tiempos el concepto de servicio público en relación con los derechos fundamentales. El caso más caliente es el de las telecomunicaciones que, a pesar de los cambios introducidos en la legislación, siguen estando en un limbo inconcreto en cuando a los derechos. Sin embargo, está claro que, si las Administraciones tienen que garantizar la igualdad de oportunidades, tienen también la obligación de garantizar un acceso universal a una redes neutras. Pero, en cambio, ahí están las propuestas de Telefónica y Vodafone o el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) que discute la Unión Europea.
Y la situación económica actual ha puesto en evidencia una de las mayores vulneraciones de los derechos fundamentales achacable al sistema capitalista. La libertad defendida por los liberales se refiere a la posibilidad que deben tener todos los ciudadanos para competir en igualdad de condiciones (cuando la verdadera libertad es la garantía de la posibilidad de convivir en igualdad de condiciones). Pues bien, la banca, con su carácter privado y competitivo, decide en función de sus propios criterios privados y competitivos, a quién financia y a quién no. Es decir, tiene en sus manos la decisión sobre quién puede vivir en el sistema y quién debe morir. Porque, en la situación a la que nos han llevado, ¿no es acaso el acceso a la financiación un servicio público esencial? Está claro que la banca privada no está a la altura de su responsabilidad, y el sistema responde con sus mínimas posibilidades, como la última línea de financiación del limitado Instituto de Crédito Oficial. Probablemente, ni Endesa merezca el servicio de electricidad de Cataluña, ni Telefónica o Vodafone merezcan sus concesiones en telecomunicaciones, ni la banca merezca el apoyo público que ha recibido. Sin embargo, los ciudadanos merecemos y tenemos derecho a que el sistema nos garantice esos servicios, que deberían ser públicos y estar bien gestionados.

Voy al médico. Siempre he valorado su esfuerzo por expresarse de una manera coloquial, pero que no es suficiente para ocultar del todo un cierto aire de superioridad, como alguien que cree tener la sartén por el mango. –¿Cómo se encuentra?, me pregunta. Le respondo que bien, que la tos ya se ha ablandado y que ha desaparecido por completo la sensación de haber recibido golpes en todas las articulaciones. – Bien, pues parece que ya nos hemos curado esa gripe. Lo dice satisfecho, recalcando el “nos”, pero para dejar bien claro que ha sido él quien me ha curado.

El doctor permanece sentado. Coge un bolígrafo y se dispone a escribir. – ¿Dónde trabaja usted?.

No entiendo a qué viene esa pregunta. Estará preocupado por la posibilidad de que pueda contagiar a mis compañeros de trabajo, o tal vez realiza una investigación sobre la incidencia de la gripe en los ámbitos profesionales. Respondo que soy empleado de unos grandes almacenes, pero no puedo aguantar la curiosidad, por lo que le muestro mi interés en saber el motivo de su preocupación por mi trabajo.

– No, en realidad no me importa donde trabaja usted. Al menos no me importa desde un punto de vista médico. Pero quiero saber a dónde debo enviar la factura.

¿Cómo que la factura?, acaso no le he pagado ya sus servicios a este señor. ¿Qué tiene que ver la empresa para la que trabajo con mi relación de paciente con el médico? Me asusto un poco.

– Estará usted de acuerdo conmigo –me dice– en que la empresa para la que trabaja se va a beneficiar de la salud que acabo de proporcionarle. Digamos que yo me ocupo del “customer care”, cumplo con los trámites burocráticos de los servicios de salud, le pongo a usted como nuevo... Vamos, que lo hago todo. Y ellos, a beneficiarse de disponer de empleados sanos. Comprenderá que todo esto va a cambiar.

A estas alturas estoy ya completamente acojonado, pero aún así le pregunto la relación entre su actividad de médico, y la actividad de la tienda en la que trabajo. Apelo a mi condición de ciudadano y a mi derecho a recibir salud como un servicio esencial. Un derecho que me pertenece a mi, y como a mi, a todo el mundo.

– Bueno –responde sereno, en contraste con mi creciente nerviosismo– estoy seguro de que acabaremos llegando a acuerdos con las empresas para intervenir también en sus actividades, en justa compensación a la dependencia que tienen de nosotros....

Una llamada a la puerta me sorprende con la boca abierta. Entra un hombre con una chaqueta azul en la que puedo distinguir el símbolo de la empresa concesionaria de la autopista que he utilizado para llegar hasta aquí. Entrega una nota al doctor y espera.

– ¿Qué es esto? –ahora, el médico si que parece un poco alterado.

– Este..., pues es la cantidad que le corresponde pagar en la medida en que sus clientes utilizan nuestra autopista para llegar. Este... cuando usted se instaló aquí, lo hizo porque era un lugar  comunicado, donde podía poner su negocio. Este... nosotros hacemos el “billing” (creo que se refiere al peaje), la investigación sobre materiales la hacemos nosotros, la instalación la hacemos nosotros..., esteeee, y usted pone el fonendo.

Quiero despertar antes de que me siga mareando con esta espiral kafkiana. Me quito de la cabeza los pensamientos sobre los derechos fundamentales y sobre el hecho de que son las personas las beneficiarias de esos derechos, que son individuales aunque de alcance general, independientemente de lo que implique la prestación del servicio necesario para garantizarlo. Tampoco quiero pensar el desastre que ha supuesto la concentración en las mismas manos de medios y contenidos y el peligro al que se enfrentan nuestros derechos fundamentales si permitimos que eso vuelva a repetirse ahora.

No quiero pensar en eso, pero no tengo otro remedio cuando escucho estas declaraciones de César Alierta, presidente ejecutivo de Telefónica:

Gracias a todos los que aportaron su crítica con sentido del humor y gracias a Alberto Quian por haberme enseñado este enlace.