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Garzón, atado y bien atado
En el funcionamiento de la justicia, todo aquello que escapa al sentido común suele ser lo que aprovechan los juristas para las “triquiñuelas” legales. Los Hombres de Leyes dicen al común de los mortales: “no te metas, porque de esto no entiendes”. Por eso es tan sorprendente que Luciano Varela, que hoy “enmarrona” al juez Garzón, haya sido uno de los promotores de la Ley del Jurado Popular.
No voy a entrar en las “triquiñuelas” legales, porque “de eso no entiendo”, pero sí quiero escribir unas líneas sobre el sentido común.
El juez Luciano Varela tuvo que elegir entre atender la demanda de tres grupos muy significados políticamente (entre ellos el partido único que gobernaba España cuando presumiblemente se cometieron una serie de crímenes primero de guerra y luego contra los derechos humanos) que acusan al juez Baltasar Garzón de prevaricación; o atender la recomendación del fiscal, que no tiene nada que objetar a la actuación del juez.
Y Varela decide atender la demanda del "entorno" de aquellos que nunca fueron juzgados y que, por lo tanto, nos quedaremos sin saber si ante la ley son o no unos delincuentes, y procesar a aquel que ha querido dirimir legalmente esta laguna jurídica e histórica.
Porque Garzón no va a ser juzgado porque haya determinado que el franquismo fuera ilegítimo y cometiera ilegalidades y se pueda considerar que ese dictado sea injusto. No. Va a ser juzgado porque quiso llevar a juicio unos delitos que podrían haber prescrito; “supuestamente” cometidos por organizaciones vivas (de hecho el partido de Franco, la Falange Española, forma parte de los que acusan), aunque por personas muertas; y que no podrían ser juzgados por la existencia de una Ley de Amnistía.
Además, los denunciantes consideran que la causa no correspondía al juzgado de Garzón. Y dicen que el juez sabía todo ésto y, aún así, siguió adelante. De ahí la supuesta prevaricación.
Esta es una de las triquiñuelas legales que no entiendo. El sentido común dice que, en todo caso, la prevaricación podría ser determinada después de haberse discutido la causa principal.
Es decir, después de que la justicia haya determinado que, efectivamente, los delitos han prescrito, aún a pesar de que haya una Convención de las Naciones Unidas, recogida por el Código Penal Español, que declara imprescriptibles este tipo de delitos.
La prevaricación podría ser juzgada después de que se haya determinado que todos los presuntos culpables están efectivamente muertos.
Y aquí, una pequeña digresión: si la ley considera la delincuencia del entorno de ETA y la ilegalización de los partidos cercanos a su ideología como un argumento legalmente válido, cómo es que puede considerar que han muerto todos los responsables de los crímenes cometidos cuando la Falange gobernaba como partido único. Si la Falange vive, es que vive el “entorno” del franquismo y, por lo tanto, habría responsabilidades que dirimir. Por lo tanto, sería conveniente saber, primero, si hubo delito, y, después, quiénes han sido, o son, los responsables.
Y, sobre la Ley de Amnistía, conviene recordar que la transición española implicó un ejercicio de barrer la mierda para debajo de la alfombra. Pero sólo un necio puede pensar que ha acabado con la mugre por haberla escondido. Lo conveniente sería pensar que algún día, cuando se hayan ido los invitados y la cosa haya vuelto a la normalidad, habría que sacarla de allí. Así lo entienden las Naciones Unidas, cuyo Comité para los Derechos Humanos recomendó a España derogar esa ley.
Eso es lo que me dice el sentido común. Y lo que me recuerda la historia es que Franco dijo a los suyos: tranquilos, que lo dejo todo “atado y bien atado”. Y, por lo que estamos viendo, así era.
Los derechos humanos no existen por un permanente "estado de excepción"
El pasado fin de semana, el New York Times publicaba un editorial sobre la sentencia que declara ilegal la intervención de comunicaciones sin orden judicial tras los ataques del 11-S a una organización caritativa musulmana de Oregon que fue considerada patrocinadora del terrorismo. El artículo tiene un título elocuente: “No te lo podemos decir”. Los asuntos que llevan a la Administración americana a espiar son tan secretos que ni siquiera se pueden revelar en una corte de justicia, algo que la sentencia considera absurdo. El editorial clama para que el presidente Obama termine, como se comprometió, con esta patente de corso del Estado sobre las personas. Pero, hasta ahora, no lo ha hecho.
No parece muy probable que lo haga si tenemos en cuenta que todos los Estados, en mayor o menor medida, han articulado sistemas para garantizar las excepciones: para que las personas bajo su autoridad vivan en un permanente “estado de excepción”.
En España, también durante el fin de semana, volvió a repetirse una paradoja que viene siendo demasiado frecuente en los últimos tiempos. Se ha vuelto a dar una coincidencia en la lógica de ETA y el Partido Popular, aunque cada uno la defiende desde lados opuestos de la trinchera. Sin embargo, es esa lógica la que pervierte la convivencia, sobre todo la de los que no queremos vivir esa guerra. El portavoz del PP, Javier Arenas, dijo que hacer que desaparezca ETA es “quedarse en la mitad del camino” y centró sus críticas en los “proyectos independentistas”. Casi al mismo tiempo, ETA sostenía en un comunicado que “desactivar la respuesta armada no soluciona el conflicto político”.
La respuesta para ambos es casi la misma: el objetivo de una sociedad que quiere convivir en paz es el fin de la violencia y sólo a partir de ahí es posible solucionar los conflictos, sean los que sean.
La otra batalla, la política, es perfectamente legítima: en Canadá se discute, e incluso se vota, sobre independentismo, y algo parecido sucede en Bélgica.
Sin embargo, en España se ha permitido que las leyes lleven demasiado lejos las excepciones a los derechos fundamentales: desde la propia Ley Antiterrorista hasta la Ley de Partidos. Y ahora, cualquier paso hacia la normalidad va a ser interpretada por una parte de la sociedad como una cesión a los terroristas o como la consecuencia de una negociación. Además, se ha hecho desde un planteamiento absurdo: el de ilegalizar la “no condena” del terrorismo.
Imaginemos que se aplique esa lógica a la iglesia. El Papa, durante sus múltiples intervenciones públicas en la Semana Santa, ha evitado condenar los casos de pederastia cometidos por destacados miembros de la organización católica, cuyos cargos fueron refrendados por él mismo. Todo el mundo estaba esperando esa referencia, pero no llegó. ¿No deberíamos, entonces, ilegalizar a la Iglesia Católica y encarcelar a Benedicto XVI? Todo el mundo entiende (lo comparta o no) que el Papa tiene sus razones estratégicas para evitar esta referencia pública. De la misma manera se podría entender (lo compartamos o no) que Otegi tenga razones estratégicas para negarse a condenar el terrorismo. Pero, de ahí a convertirlos en delincuentes por eso...
Creo que se ha llegado a esta situación, en buena medida, por esa potestad que tienen los Estados para evitar el respeto a los derechos de las personas. Los derechos humanos están contenidos en una Declaración, que no en una Convención, por lo que no son vinculantes para los Estados que conforman las Naciones Unidas. Por lo tanto, dependen de la relación entre los Estados y sus súbditos. Y sólo los estados son susceptibles de atentar contra los derechos humanos. El terrorismo puede ser una forma de delincuencia, pero no un atentado contra los derechos humanos.
Por lo tanto, cuando hablamos de derechos humanos deberíamos más bien hablar de derechos de los súbditos, lo que paradógicamente se denomina “derechos fundamentales”.
Considero que este matiz no es ninguna tontería, sobre todo si tenemos en cuenta la fuerza de los derechos de los Estados, incluso en la legislación internacional. Son los derechos de soberanía interna (entre los que estaría derecho de dominio) y externa (entre los que está el derecho de guerra). Los derechos humanos pierden toda su fuerza ante estos otros derechos. Independientemente de su grado de formalización o de dónde resida la soberanía, los hechos históricos nos demuestran su importancia y el enorme poder que se reservan los gobiernos.
Este hecho se contradice con los principios que han inspirado todas las Constituciones modernas, como la estadounidense de 1787, que rápidamente introdujo las diez enmiendas que son conocidas como la “Carta de Derechos”, que supuestamente limitan el poder del gobierno federal y que coinciden con los fundamentos de lo que más tarde sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La organización social de las democracias occidentales está sostenida por una gran contradicción. Sobre todo en Europa, que se había erigido como garante de los derechos humanos, entendidos como derechos de las personas, como señaló el magistrado José Manuel Bandrés en su intervención ante el Forum de Barcelona. El propio Bandrés había escrito un artículo en El País muy citado sobre “La ley antiterrorista, un estado de excepción encubierto”.
Sin embargo, ha prevalecido la otra interpretación de los derechos humanos, como derechos de los súbditos, lo que ha llevado a justificar decisiones como la de la Administración Bush de espiar a personas musulmanas; o como las de la Administración Española, de aplicar la lógica de la lucha contra el independentismo, en lugar de la lucha contra el terrorismo. Lo que se defiende ahí son más bien los derechos de soberanía y, en el caso español, daría la razón a quienes interpretan que existe una “ocupación” de un territorio.
El derecho de las personas, como en parte dicen las constituciones, debería anteceder a los demás. Sin embargo, estamos viendo cómo se corta las alas a un juez que interpreta de esa manera los derechos humanos, que sólo pueden ser vulnerados por los Estados, y que no tiene reparos en procesar a los responsables de esos Estados. Y es ahí cuando se encuentra con los derechos de soberanía, que ganan una vez más a los derechos humanos. Un juez que, por cierto, tiene problemas por la denuncia de un partido que se niega a condenar el “golpismo” de Estado. ¿Podemos ser más contradictorios?