Garzón, atado y bien atado
En el funcionamiento de la justicia, todo aquello que escapa al sentido común suele ser lo que aprovechan los juristas para las “triquiñuelas” legales. Los Hombres de Leyes dicen al común de los mortales: “no te metas, porque de esto no entiendes”. Por eso es tan sorprendente que Luciano Varela, que hoy “enmarrona” al juez Garzón, haya sido uno de los promotores de la Ley del Jurado Popular.
No voy a entrar en las “triquiñuelas” legales, porque “de eso no entiendo”, pero sí quiero escribir unas líneas sobre el sentido común.
El juez Luciano Varela tuvo que elegir entre atender la demanda de tres grupos muy significados políticamente (entre ellos el partido único que gobernaba España cuando presumiblemente se cometieron una serie de crímenes primero de guerra y luego contra los derechos humanos) que acusan al juez Baltasar Garzón de prevaricación; o atender la recomendación del fiscal, que no tiene nada que objetar a la actuación del juez.
Y Varela decide atender la demanda del "entorno" de aquellos que nunca fueron juzgados y que, por lo tanto, nos quedaremos sin saber si ante la ley son o no unos delincuentes, y procesar a aquel que ha querido dirimir legalmente esta laguna jurídica e histórica.
Porque Garzón no va a ser juzgado porque haya determinado que el franquismo fuera ilegítimo y cometiera ilegalidades y se pueda considerar que ese dictado sea injusto. No. Va a ser juzgado porque quiso llevar a juicio unos delitos que podrían haber prescrito; “supuestamente” cometidos por organizaciones vivas (de hecho el partido de Franco, la Falange Española, forma parte de los que acusan), aunque por personas muertas; y que no podrían ser juzgados por la existencia de una Ley de Amnistía.
Además, los denunciantes consideran que la causa no correspondía al juzgado de Garzón. Y dicen que el juez sabía todo ésto y, aún así, siguió adelante. De ahí la supuesta prevaricación.
Esta es una de las triquiñuelas legales que no entiendo. El sentido común dice que, en todo caso, la prevaricación podría ser determinada después de haberse discutido la causa principal.
Es decir, después de que la justicia haya determinado que, efectivamente, los delitos han prescrito, aún a pesar de que haya una Convención de las Naciones Unidas, recogida por el Código Penal Español, que declara imprescriptibles este tipo de delitos.
La prevaricación podría ser juzgada después de que se haya determinado que todos los presuntos culpables están efectivamente muertos.
Y aquí, una pequeña digresión: si la ley considera la delincuencia del entorno de ETA y la ilegalización de los partidos cercanos a su ideología como un argumento legalmente válido, cómo es que puede considerar que han muerto todos los responsables de los crímenes cometidos cuando la Falange gobernaba como partido único. Si la Falange vive, es que vive el “entorno” del franquismo y, por lo tanto, habría responsabilidades que dirimir. Por lo tanto, sería conveniente saber, primero, si hubo delito, y, después, quiénes han sido, o son, los responsables.
Y, sobre la Ley de Amnistía, conviene recordar que la transición española implicó un ejercicio de barrer la mierda para debajo de la alfombra. Pero sólo un necio puede pensar que ha acabado con la mugre por haberla escondido. Lo conveniente sería pensar que algún día, cuando se hayan ido los invitados y la cosa haya vuelto a la normalidad, habría que sacarla de allí. Así lo entienden las Naciones Unidas, cuyo Comité para los Derechos Humanos recomendó a España derogar esa ley.
Eso es lo que me dice el sentido común. Y lo que me recuerda la historia es que Franco dijo a los suyos: tranquilos, que lo dejo todo “atado y bien atado”. Y, por lo que estamos viendo, así era.
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