No me gusta, en principio, echar la culpa a las Administraciones de los perjuicios causados por los desastres naturales. Creo que, en muchas ocasiones, estas circunstancias imponderables son utilizadas por el carroñeo propio de las pugnas de los partidos. Y, además, hay suficientes problemas graves como para fijarnos en lo que sucede en una situación excepcional y sin llegar al absurdo italiano del “non piove, porco goberno” o, en este caso, “nieva, porco goberno”.
Sin embargo, unas declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, me han hecho pensar sobre los efectos de la tendencia privatizadora de los servicios públicos impuesta por la Unión Europea y apoyada por los dos partidos que estamos condenados a soportar en el Gobierno. Montilla, para justificar la actuación de su Gobierno ante los efectos del temporal de lluvia y nieve, “recordó” a los afectados que los responsables de los servicios que han fallado son “empresas privadas”. Creo que, sencillamente, es mentira.
Hubiese entendido un debate centrado en la responsabilidad en los casos de circunstancias imprevisibles, que creo que están previstos en la ley como causas suficientes para rechazar reclamaciones de damnificados. Pero no. Montilla prefirió tirar contra las concesionarias en su particular visión sobre las responsabilidades.
En los servicios públicos esenciales, que son “concedidos” por la Administración, lo que se encarga a la parte privada es la prestación del servicio, pero no la responsabilidad sobre los derechos afectados por esa prestación. Es decir, la Administración tiene que garantizarme un suministro eléctrico al que tengo derecho. Como usuario, o si lo prefieren, como consumidor, a mí no debe importarme lo que haga la Administración para garantizarme ese derecho. Es SU responsabilidad. Y, como ciudadano, lo que puedo hacer, y hago, es poner en duda la privatización de los servicios públicos que afectan a los derechos fundamentales. Porque, luego, vienen políticos como Montilla y se “afeitan para arriba”.
En la legislación española existe un principio “de exigencia directa de responsabilidad a las Administraciones públicas, que responden en todo caso de los daños causados por ellas mismas o por sus agentes”.
Otra reflexión a la que me llevaron esas declaraciones irresponsables fue la de cómo ha podido cambiar en los últimos tiempos el concepto de servicio público en relación con los derechos fundamentales. El caso más caliente es el de las telecomunicaciones que, a pesar de los cambios introducidos en la legislación, siguen estando en un limbo inconcreto en cuando a los derechos. Sin embargo, está claro que, si las Administraciones tienen que garantizar la igualdad de oportunidades, tienen también la obligación de garantizar un acceso universal a una redes neutras. Pero, en cambio, ahí están las propuestas de Telefónica y Vodafone o el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) que discute la Unión Europea.
Y la situación económica actual ha puesto en evidencia una de las mayores vulneraciones de los derechos fundamentales achacable al sistema capitalista. La libertad defendida por los liberales se refiere a la posibilidad que deben tener todos los ciudadanos para competir en igualdad de condiciones (cuando la verdadera libertad es la garantía de la posibilidad de convivir en igualdad de condiciones). Pues bien, la banca, con su carácter privado y competitivo, decide en función de sus propios criterios privados y competitivos, a quién financia y a quién no. Es decir, tiene en sus manos la decisión sobre quién puede vivir en el sistema y quién debe morir. Porque, en la situación a la que nos han llevado, ¿no es acaso el acceso a la financiación un servicio público esencial? Está claro que la banca privada no está a la altura de su responsabilidad, y el sistema responde con sus mínimas posibilidades, como la última línea de financiación del limitado Instituto de Crédito Oficial. Probablemente, ni Endesa merezca el servicio de electricidad de Cataluña, ni Telefónica o Vodafone merezcan sus concesiones en telecomunicaciones, ni la banca merezca el apoyo público que ha recibido. Sin embargo, los ciudadanos merecemos y tenemos derecho a que el sistema nos garantice esos servicios, que deberían ser públicos y estar bien gestionados.